WASHINGTON, D.C. – La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. por el Sur de la Florida, Kathleen M. Williams, dictó una sentencia significativa en la corte federal por violaciones de las leyes de seguridad de productos del consumidor de los Estados Unidos. Hung Lam, presidente de LM Import-Export Inc., de Miami, Florida, fue sentenciado a 22 meses de cárcel en una prisión federal, tres años de libertad supervisada y una multa de $10,000 tras declararse culpable de conspirar para traficar y contrabandear productos prohibidos para niños que contenían plomo y piezas pequeñas, en violación de leyes federales aplicadas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC). El señor Lam también fue declarado culpable de un cargo de traficar bienes falsificados.
Desde abril de 2000 hasta mayo de 2011, el acusado Lam y sus corporaciones conexas LM Import-Export Inc., Lam's Investment Corp. y LK Toys Corporation, conspiraron para vender y distribuir comercialmente productos prohibidos para niños, importados de China. Estas acciones fueron violatorias de la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor y de la Ley Federal de Sustancias Peligrosas. Estos productos supuestamente presentaban un riesgo de asfixia, aspiración e ingestión, y algunos contenían un nivel de plomo por encima del límite federal.
"Las sentencias dictadas por la corte contra estos infractores reincidentes son una victoria para los consumidores y para el imperio de la ley", dijo la presidenta de la CPSC, Inez Tenenbaum. "Elogio al personal de la CPSC, al Departamento de Justicia y a Seguridad Nacional por su cooperación y su éxito al llevar a los acusados ante la justicia. Este resultado demuestra que tomamos en serio la protección de los consumidores estadounidenses contra productos peligrosos y la defensa de nuestras leyes de seguridad de los productos del consumidor".
Para más detalles sobre este fallo judicial y la penalidad civil y orden judicial conexas impuestas, vea el comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia y los decretos de consentimiento en 2011 y 2012.
The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) is charged with protecting the public from unreasonable risks of injury or death associated with the use of thousands of types of consumer products. Deaths, injuries, and property damage from consumer product incidents cost the nation more than $1 trillion annually. CPSC’s work to ensure the safety of consumer products has contributed to a decline in the rate of deaths and injuries associated with consumer products over the past 40 years.
Federal law bars any person from selling products subject to a publicly-announced voluntary recall by a manufacturer or a mandatory recall ordered by the Commission.
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